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Préstamos y créditos entre residentes y no residentes en la liberalización de los movimientos de capitales y pagos

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Desde el 1º de enero de 1994 los movimientos de capitales en el marco del Tratado de la CE firmado en Maastricht se rigen por lo dispuesto en los arts. 56 a 60 del Tratado. El art. 56 (antiguo 73 B) prohíbe de modo rotundo cualquier restricción a los movimientos de capitales y a los pagos entre estados miembros y de los de éstos con terceros países, pero en relación con ellos, hay que tener en cuenta las excepciones previstas en el art. 57 (antiguo 73 C), que establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el TCE, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar medidas relativas a los movimientos con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan inversiones directas. Sin embargo, a la hora de aprobar medidas que supongan un retroceso a la liberalización propuesta en el TCE será necesaria la unanimidad del Consejo.

Ahora bien, la libertad de movimientos de capitales y de pagos no significa que se supriman los controles sobre los mismos, y así lo determina el art. 58 (antiguo 73 D) que faculta a los Estados miembros para que establezcan medidas de control que tengan por finalidad impedir cualquier infracción de sus leyes y reglamentos internos, para lo que podrán disponer procedimientos exigiendo la declaración de toda clase de movimientos de capital con fines administrativos y estadísticos que se realicen entre residentes y no residentes, cuestión que ya estaba contemplada, aunque con menor precisión y amplitud, en la Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio de 1988. En cuanto a la posibilidad de establecer cláusulas de salvaguardia para situaciones excepcionales hay que estar a lo que disponen los arts. 59 (antiguo 73 F) y 60 (antiguo 73 G).

Por consiguiente, conforme a las estipulaciones generales del TCE y en particular las de los artículos a los que hemos hecho mención, todas las transacciones con el exterior y en particular los movimientos de capitales y de pagos que realicen residentes en España con residentes en los restantes Estados miembros CE y de terceros países, se rigen tanto por las normas de Derecho interno español como por las normas comunitarias, prevaleciendo estas últimas en caso de conflicto. En España es la Ley de Control de Cambios la norma legal aplicable, con los condicionamientos impuestos por el TCE.

En virtud de dicho régimen legal desarrollado por el RD 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, los préstamos del exterior o al exterior en el que una de las partes es residente y la otra no, son totalmente libres, sin que estén sujetos a restricción alguna. Por lo tanto, los residentes en España tienen libertad para contratar créditos o préstamos con no residentes, tanto en divisas como en euros, incluyendo préstamos en divisas con entidades de crédito y otras financieras españolas, sin precisar autorización y cumplir requisitos administrativos previos, alcanzando esta libertad de contratación a todas las facetas de una operación crediticia, como son las modificaciones de los contratos iniciales en condiciones de tipos de interés, sistemas o modos de amortización, cambio de divisa, así como a pactos sobre prórrogas, cancelaciones anticipadas, quita, cesión de crédito, etc. Por consiguiente, en relación con el movimiento de capitales la obligación de los residentes en materia de préstamos y créditos establecidos con no residentes se reduce a cumplir las normas de información sobre los cobros, pagos, transferencias al o del exterior, incluidas las compensaciones, cuando el importe de una operación supere la cuantía de 50.000 euros o su contravalor en otra divisa.

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